Consecuencias del rechazo de una adjudicación de subasta
Un postor que rechaza una adjudicación pierde su fianza y puede ser procesado penalmente, incluso por fraude o manipulación.
Rechazo de la subasta:
Si, tras la subasta, el mejor postor se niega a continuar con la adjudicación, no proporciona los documentos necesarios o no paga el monto correspondiente, el siguiente mejor postor podrá ser declarado ganador de la venta.
Pérdida de la fianza:
El postor que rechace la adjudicación perderá la fianza consignada y será responsable de las reclamaciones que puedan interponerse por la autoridad competente.
Sanciones penales:
De acuerdo con el artículo 262 del Código Penal español, los postores que abandonen fraudulentamente la subasta después de la adjudicación, o que intenten influir en el proceso mediante medios ilícitos (amenazas, acuerdos, etc.), se exponen a penas de prisión (de 1 a 3 años) y multas (de 12 a 24 meses). Además, pueden enfrentar la prohibición de participar en subastas judiciales durante un período de 3 a 5 años, así como sanciones adicionales si la infracción se comete en un ámbito público.
El juez o tribunal puede imponer estas sanciones, especialmente si el infractor está vinculado a una sociedad u organización involucrada en tales actividades.